CERMIS Autonómicos

El CERMI Canarias denuncia el “grave” estancamiento de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia

28/09/2011

El CERMI Canarias denuncia ante la opinión pública el “grave” estancamiento que sufre el desarrollo de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, así como el incumplimiento por parte de la Consejería de Políticas Sociales en cuanto al despliegue de un trabajo conjunto y coordinado con el Tercer Sector para el desarrollo de esta Ley en Canarias.

En este sentido, el CERMI Canarias ignora “en qué términos se desarrollará el futuro Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SICAAD)”, en referencia a las declaraciones de la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, quien afirmó que “en el año 2015 deberá estar implantado”.

El Comité Autonómico también expresa su confusión acerca de los datos que se manejan desde la Consejería en cuanto al número de personas atendidas por el sistema (conviviente con el “sistema propio de atención” ó PAD), los cuales, según explica, en contraste con los datos manejados a nivel estatal, “nos sitúan a la cola de las comunidades respecto al cumplimiento de la Ley”.

Además, califica también como “difusa” el contexto de las entidades que prestan servicios a las personas consideradas en situación de dependencia, de cara al 2012. “En el presente año no se ha formalizado ningún tipo de acuerdo y dudamos que exista en el próximo”, manifiesta.
 
Por otra parte, el CERMI Canarias asevera que “son inciertas las afirmaciones sobre que el Tercer Sector esté participando activamente en la creación del SICAAD”, ya que la comisión técnica de trabajo constituida “no cumple el compromiso adquirido por la consejera, pues no cuenta con un plan de trabajo definido, conjunto y coordinado con las ONGs”.

Así, el Comité plantea sus dudas sobre cuál va a ser el modelo de Sistema de Atención a las Personas con Discapacidad que el Gobierno autonómico quiere poner en marcha; qué ha sido de la financiación para que los centros adoptaran sus infraestructuras a las exigencias normativas; o cómo se van a arbitrar las prestaciones de servicios que promulga la Ley y cuál será su cartera de servicios.

En cuanto al copago de los servicios de las personas en situación de dependencia, se pregunta si la persona que lo va a afrontar va a poder hacer frente a una vida normalizada e inclusiva y cómo se regularizará este copago. También plantea al Gobierno autonómico qué va a ocurrir con las personas en situación de dependencia de grado I y qué sucederá con los servicios que han recibido hasta el momento y a los que ya no tendrán derecho.

Otro de sus planteamientos es la garantía por la atención de las personas en situación de dependencia ante los cuidados no profesionales; o la de los centros para la continuidad de sus servicios, así como sobre qué sucederá a partir de enero cuando se dé paso del PAD al SICAAD/copago.

Desde el CERMI Canarias se insta a la consejera y su equipo a retomar un diálogo “eficaz” con el Tercer Sector, con el objetivo de que reconduzca la política desarrollada hasta la fecha en materia de dependencia y discapacidad y a que, entre el Tercer Sector y la Administración Pública competente, se den respuestas.